¡Hay orientación estratégica!: Es mi balance positivo de los 100 días de gobierno en una semana de desaliento.

¡Hay orientación estratégica!: Es mi balance positivo de los 100 días de gobierno en una semana de desaliento.

Esta semana han ido aconteciendo una serie de hechos que me han producido un cambio de ánimo desde la sensación inicial de que las reformas estaban orientando nuestra economía hacia una recuperación dentro de tres trimestres, hacia una sensación de que las reformas no cambian la realidad y son mal recibidas. El más simbólico de estos hechos es el resultado de las elecciones en Andalucía, el más mediático la Huelga General y el más importante las advertencias Europeas (y de algunos expertos españoles) de que la reforma del sistema financiero no es suficiente.

El estado de ánimo vuelve a cambiar de una manera fácil, con alguna noticia positiva o algún nuevo impulso desde el Consejo de Ministros … o se vuelve a hundir con nuevas noticias negativas. Es decir, es voluble y sólo relativamente importante. Por tanto, a continuación intento poner algunas evidencias para superar los estados de ánimos (sean los que sean) y analizar lo acontecido.

Mi principal valoración positiva es que existe un objetivo implícito y una gran coherencia en lograrlo (ver tabla). El objetivo es devolver a la sociedad civil y a la iniciativa privada más protagonismo en la gestión de la economía. Hablo de implícito porque no está formalmente anunciado; Hablo de sociedad civil más que de sector privado porque la Banca o el Sector Eléctrico no están entre los beneficiados por estas medidas; Y hablo de gran coherencia y no plena coherencia porque no consigo encajar la subida del IRPF en ninguna de las dimensiones estratégicas que orientan las actuaciones (aunque sí en una necesidad de cumplir con el objetivo de déficit rápidamente sin encontrar o querer abordar otras vías).

Dichas dimensiones estratégicas están orientadas, en primer lugar, a dar liquidez para la iniciativa privada (en los últimos años sólo ha crecido el crédito al sector público) y a liberar recursos acopiados por el Sector Público para que puedan ser utilizados por el privado.

En segundo lugar a otorgar seguridad jurídica a la empresa privada y muy en especial a aquella que depende del Sector Público. Bien porque vende a las Administraciones Públicas o bien porque su actividad es regulada por el Gobierno. También en otorgar seguridad y reputación a unas administraciones que pueden y deben funcionar bien.

En tercer lugar a facilitar la organización de la producción a la dirección de las empresas dándoles más poder de negociación y apoyando el acceso a los mercados exteriores con una clara orientación a este objetivo de la capacidad institucional pública.

Considero que puede ser objeto de discusión la pertinencia de este objetivo; sin duda tiene un componente ideológico o filosófico que en mi opinión es el fondo de la convocatoria de la huelga de hoy. También son discutibles y criticables algunas de las actuaciones y más aún algunos de los puntos concretos de las mismas (en particular, en el caso de la reforma laboral).

Pero quiero destacar que conviene ver con perspectiva global que es una orientación estratégica clara. Y que por tanto, aunque el grado de perfección en la concreción o aplicación de las actuaciones no alcance el 100% en todos los casos (o en ninguno), el grado de éxito de cada una de ellas se moverá en el mismo sentido y, por tanto, moverán a nuestra economía hacia un punto diferente y deseado por las reformas. No obstante, esto no es óbice para mejorarlas en la medida que se sepa cómo; y tampoco pretendo con ello convencer a aquellos que consideran inadecuado el objetivo final.

Dimensiones estratégicas Actuaciones

Dimensión Financiera. Proveer liquidez

Pagoa proveedores

Nueva aportación al ICO

Condicionalidad de incremento liquidez a las Pymes para acceder la ayuda pública en las   medidas de Saneamiento Financiero

Dimensión Financiera. Desmontar el efecto crowding out (o efecto desplazamiento de la   inversión privada a la pública)

Consolidación Fiscal y Acuerdo de No Disponibilidad Presupuestaria

Reducción subvenciones a Partidos Políticos y Agentes Sociales

Redimensionamiento del Sector Público Empresarial y Fundacional

Ley de Estabilidad Presupuestaria

Dimensión de la Seguridad Jurídica de la Empresa y mejora de la Reputación de la Administración Pública

Reforma de los Organismos Supervisores

Redimensionamiento del Sector Público Empresarial y Fundacional

Pago a proveedores

Ley de Transparencia y penalización de la mala gestión pública

Dimensión de la organización de la producción y la iniciativa empresarial

Reforma   Laboral

Ley de Apoyo a Emprendedores

Reorientación de los Servicios Exteriores hacia la Marca España

Enrique Martínez Cantero
Experto en estrategia y gestión pública por el IESE
CEO en Red2Red Consultores

Nota: este post fue publicado originalmente en http://dl.dropbox.com/u/28167604/Hay%20orientaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica.pdf

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Los once deseos sobre #reformaadministraciónpública y #competitividad que le pido a Rajoy

Los once deseos sobre #reformaadministraciónpública y #competitividad que le pido a Rajoy. Uno por día hasta la investidura:

  1. Decida cuál es la misión de la Administración Pública en España. Especifique qué servicios quiere prestar y cuáles otros no. En definitiva, realice la Carta de Servicios del conjunto de nuestras administraciones.
  2. Realice una evaluación que le permita responder a: cuál es la dimensión y estructura real de las administraciones públicas y para-públicas en España; qué entes son los adecuados para la Misión definida; cómo repartir las competencias entre ellos con los principios de unidad de mercado y subsidiariedad presentes; cuáles deben desaparecer por no estar alineados con la Misión.
  3. Defina qué objetivos quiere para cada servicio público y para cada ente. Proponga indicadores y metas. Hágalos explícitos. Genere ilusión con ellos.
  4. Elija a los mejores profesionales para desarrollarlos y consiga de ellos su compromiso en cumplir los objetivos y en no buscar excusas.
  5. Creé una unidad de cumplimiento que informe del avance en cada uno de los objetivos: que realice un seguimiento público del rendimiento de cada servicio y una evaluacion de desempeño de sus altos cargos. Actúe en consecuencia con los resultados.
  6. Convierta a la Administración Pública en una persona jurídica igual ante la ley al resto de instituciones de la sociedad privada. Sitúe al funcionario como un servidor público y no como la autoridad sin límite frente al ciudadano. En definitiva, resucite el Derecho Administrativo y su aplicación efectiva.
  7. Rescate el 50% del ahorro de los españoles que está en las Cajas de Ahorros al servicio de intereses inconfesables y póngalo al servicio de la inversión productiva.
  8. Rescate a nuestra población universitaria de las manos de los jefes de las endogámicas tribus académicas y póngalos en manos de una Universidad al servicio de la sociedad .
  9. Ponga a competir a nuestro principal sector aplicando (de manera real) la Directiva Europea de Servicios, acabando con las barreras a la competencia que suponen los colegios profesiones y gremios sectoriales entre otros.
  10. Apueste por la empresa mediana y grande que puede internacionalizarse y por tanto favorecer la composición de nuestra Balanza de Pagos. Asigne éste objetivo al servicio diplomático español.
  11. Decida un mix energético que nos haga competitivos e invulnerables ante el exterior y aplíquelo (en ese orden y no en el contrario).

Enrique Martínez Cantero

Experto en estrategia y gestión pública por el IESE
CEO en Red2Red Consultores

Nota: este post fue publicado originalmente en: http://tl.gd/ej9qe5

Elecciones y políticas keynesianas

En #debatea5 4 hablaron de hacer políticas keynesianas y otro las ha aplicado durante años. No dijeron que éstas frenan la inversión privada.

No diré que las políticas keynesianas son en términos absolutos ni buenas ni malas pero hay que explicarlas y explicar sus consecuencias, sobre todo en un debate dirigido a los heterogéneos  35M de españoles que podemos votar. Éstas políticas proponen que el Sector Público debe gastar porque generará empleo y producción con un efecto multiplicador. Es decir será eficaz.

Pero el gasto público detrae recursos de la iniciativa privada: El ahorro va al gasto público o al gasto privado; es una elección no un complemento. Esto es el efecto crowding out o desplazamiento. Luego más gasto público garantiza resultados eficaces en primer lugar, si y solo si, su rendimiento (generación de actividad y empleo) es más alto que el coste de oportunidad perdido de haberlo invertido por el sector privado. ¿Se hace este ejercicio o se ha pensado que los recursos son infinitos?

Ejemplos: El Plan E o el Aeropuerto de Ciudad Real frente a la T4 o el AVE a Valencia. Pero también el gasto en la Alianza de Civilizaciones frente al impulso diplomático a favor de nuestras empresas en dónde sea necesario.

Recientemente lo que está ocurriendo es que el Sector Público español ha realizado gastos de tipo keynesiano sin efecto multiplicador. El gasto lo ha financiado con Deuda Pública. La Deuda la ha comprado el Sistema Financiero español donde están las Cajas de Ahorro. Como la Deuda es de baja calidad el penúltimo acuerdo Europeo le pone una “quita” del 20% que obliga a nuestro Sistema Financiero a recapitalizarse. Y en el caso de la Cajas ¿quién acude a esa recapitalización? …

Aquí está el problema de la falta de liquidez en España y no en el tipo de interés. No queda ahorro para que el Sector Privado invierta. Está todo en el Sector Público  y en esa zona gris oscura que son las Cajas y las Empresas Públicas.

Por este motivo es necesario primero reconocer el tamaño real de la Administración Pública en España y luego reformarla con dos criterios básicos: principio de subsidiariedad y unidad de mercado.

Enrique Martínez Cantero

Experto en estrategia y gestión pública por el IESE
CEO en Red2Red Consultores

Nota: este post fue publicado originalmente en http://tl.gd/e3q2vs

La reforma de la Administración Pública y la mejora de la Función Pública

La reforma de las administraciones públicas españolas se ha convertido en un lugar común, pero a pesar de ello no son muchas las propuestas concretas que se escuchan. Os presento una síntesis de las aportaciones que hacemos 8 profesionales de la academia, la gestión privada, la ex -gestión pública y la consultoría en un debate en el Grupo IESE de Linked In:  @PGLOMBARDIA, Pablo Segovia @InakiBeristain@ANunezMartin@NuriaChinchilla , Carlos de la Torre,  @JoseManuelDosil , @cgruiz101.

Un primer grupo de ideas está relacionado con la reflexión sobre los niveles administrativos que tenemos en España y la dimensión de cada uno de ellos. Gran parte de las políticas nacionales y regionales vienen de la aplicación de las Directivas Comunitarias y aún podría haber un espacio más amplio de cesión de soberanía nacional: por ejemplo el BCE está proponiendo una autoridad supranacional a modo de Oficina Presupuestaria con un papel de supervisor. Esto es compatible con un protagonismo de las administraciones locales dada su cercanía al ciudadano, pero evitando la duplicidad de funciones y recuperando la unidad de mercado. Por el contrario, también son varias las propuestas en la línea de reducir el número de ayuntamientos, concejales, diputados provinciales y reformar el Senado como cámara territorial.

Un segundo grupo de ideas tiene que ver con la Función Pública para la que se pide una mayor reputación para los funcionarios, una mayor preponderancia de los criterios técnicos frente a los personales en la elección de los gabinetes de los altos cargos, y una mayor información y transparencia de sus actuaciones.

Por último, un tercer bloque de propuestas está relacionado con aspectos de carácter metodológico: el uso de la planificación estratégica, la evaluación, la gestión del rendimiento y el uso habitual del open government.

En mi opinión reorganizar la función de cada nivel administrativo es un cambio estructural y disruptivo que requiere un ejercicio singular como es la evaluación, la cual permite analizar y recomendar  en perspectiva temporal. Para evaluar qué nivel de la administración puede desarrollar mejor cada tipo de política es necesario un ejercicio riguroso e independiente, que tenga en cuenta los principios de subsidiariedad y de unidad de mercado.

Por el contrario, mejorar la gestión es una necesidad continua que se debe hacer a través de la mejora del rendimiento de los funcionarios y directivos públicos. Implantar un sistema de gestión por rendimiento forzaría a centrar el día a día de las personas de los servicios públicos en pensar cómo mejorar la implementación de las políticas vigentes en las que están involucrados, y no tanto en pensar qué políticas se deberían hacer. No se debe olvidar que en la Administración hay cargos específicos y momentos oportunos para decidir el qué; y fuera de esas responsabilidades  y momentos lo que toca es hacer lo decidido y hacerlo lo mejor posible.

Es también obligación de la Función Pública rendir cuentas a la ciudadanía de una manera honesta y comprensible, para lo cual hay toda una metodología  contrastada de open government pendiente de aplicar en España, y en general, en la Europa continental; por fortuna parece que la Estrategia UE 2020 la quiere impulsar. El rendimiento de cuentas es más comprensible si se informa de los logros respecto a los objetivos, y para ello, los objetivos deben estar propuestos y comunicados; este es el primer requisito que por lo general no se cumple.

Por tanto, y unido a lo anterior, la condición necesaria aunque no suficiente es la planificación estratégica por objetivos. Está demostrado que cuando una política pública tiene un objetivo establecido y un responsable identificado se avanza en los resultados. Tomando el ejemplo de la reducción de las muertes en carretera ¿cuál es el motor principal del cambio? ¿la Guardia Civil, los conductores, las infraestructuras, los vehículos, el carnet por puntos?. En mi opinión el motor del cambio es que se plantea el objetivo, se identifica al Ministro del Interior como el responsable, el seguimiento es diario, se informa de manera honesta y comprensible a la ciudadanía, por tanto se consigue un objetivo compartido, y la estrategia se revisa de manera continua a partir de la información recopilada.

Para  volver a poner los pies sobre la tierra en el sentido de lograr que el ejemplo anterior sea lo habitual regreso a las aportaciones del debate inicial. En él se situaba al directivo de la Función Pública como el protagonista; y, por tanto, la formación de directivos como un elemento imprescindible. Me atrevo a añadir que también es conveniente un mayor y mejor uso de la consultoría externa. Los directivos del Sector Público necesitan saber qué es lo que deben pedir y exigir, pero también necesitan encontrar a quién pedírselo y tener capacidad para elegir.

Enrique Martínez Cantero

Experto en estrategia y gestión pública por el IESE
CEO en Red2Red Consultores

Nota: este post fue publicado originalmente en http://tl.gd/dm4k2n

¿Cómo eligen proveedor nuestros gobiernos?

Nuestros diferentes gobiernos (de España, de nuestra Comunidad Autónoma, de nuestro Ayuntamiento) contratan bienes y servicios a través de la Ley de Contratos del Sector Público (LCP) que pretende garantizar la transparencia, la eficiencia y la igualdad de trato a los licitadores. Me temo que estas premisas no se están cumpliendo y el motivo está en la propia Ley que debería ser mejorada en la próxima legislatura.
La actual legislación es de octubre de 2007 y de la cual lo primero que hay que decir es que después de 4 años de vida todavía no está completo su reglamento de aplicación generando en múltiples ocasiones desconcierto e inseguridad jurídica.

Lo que sí ha quedado claro durante este tiempo es que el precio es el factor determinante en las adjudicaciones: Por un lado, la LCP establece que más de la mitad de los criterios de adjudicación deben ser valorables mediante formula (es decir precio o factores determinantes del precio); Por otro, las oficinas presupuestarias establecen que la oferta económica sea al menos el 65% de los criterios de adjudicación (por ejemplo, el Plan de Ahorro de Cospedal).

¿Qué tamaño de empresa promueve la LCP?

La empresa grande y generalista con capacidad financiera para hacer dumping frente a la Pyme especializada. Es evidente que en muchos concursos el cociente entre la oferta económica y las horas ofrecidas da un valor hora por debajo de coste. En algunos casos, incluso, por debajo del convenio sectorial. Pero las Mesas de Contratación no entran en esta valoración.
¿Cuáles son los factores competitivos que se están induciendo?

Evidentemente el precio: posiciónese usted en precio y no en calidad es el mensaje. Esa estrategia es buena para la sociedad y válida para muchas empresas de gran consumo siempre y cuando ofrezcan una calidad mínima por debajo de la cual el consumidor no compraría. No obstante en nuestro caso, un contrato adjudicado no se rescinde aunque no tenga la calidad mínima exigible; y lo que es peor, si ese contrato (u otro similar) vuelve a salir a concurso y la empresa fallida vuelve a presentarse con la oferta más barata, con casi toda probabilidad lo volverá a ganar y nada se podrá hacer para evitarlo.

¿Elimina este sistema la capacidad de “influencia” sobre los altos cargos políticos?

Una respuesta rápida parece indicar que sí puesto que al primar los factores evaluables mediante fórmula se anulan otro tipo de “motivaciones no confesables”. No obstante, quién tiene más influencia tiene más capacidad para trasladar que el contrato es deficitario y promover un modificado, complementario o un nuevo contrato “vacío”.

¿Qué calidad recibiremos los ciudadanos?

No hace muchos meses publicaba Expansión un artículo del decano del colegio de ingenieros sobre el riesgo de obras mal realizadas al adjudicarse por precio y lo que ello implica sobre la seguridad de sus usuarios. En el mundo de los servicios y en particular las asistencias técnicas, pongo un ejemplo entre los que cualquiera puede encontrar consultando las licitaciones públicas: uno de nuestros 18 Servicios Públicos de Empleo saca a concurso su Plan Estratégico con un único criterio de valoración: el precio. ¿Puede una subasta ser el mecanismo eficiente para determinar qué empresa va a colaborar eficazmente con nuestras administraciones en afrontar el problema del desempleo? ¿Puede una subasta elegir el equipo que ayuda a gestionar eficientemente el gran volumen de recursos presupuestarios dedicados a ese fin?

Enrique Martínez Cantero

Experto en estrategia y gestión pública por el IESE CEO en Red2Red Consultores

Nota: este post fue publicado originalmente en http://tl.gd/d3inq9

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