Mis deseos para 2013

No me puedo resistir a adelantaros en qué consistirán mis nuevos proyectos que son mis deseos para el 2013:

  1. España necesita un nuevo modelo de Administración Pública y yo quiero poner el énfasis en dos elementos: Necesita que los Directores Generales que son sus managers lideren con orgullo el ejercicio de su profesión, que es dotar de una Misión transformadora a su unidad para resolver problemas específicos a la ciudadanía.
  2. España necesita que Empresas y Administraciones se busquen y se entiendan para ser capaces de tener una relación de colaboración beneficiosa para los ciudadanos. Necesita directivos de empresas privadas que quieran implicarse en la Agenda Pública, y para ello los managers de las Administraciones tiene que tener una Misión que compartir.

En estas dos líneas he empezado a ofrecer soluciones de agendaFormación (docencia y desarrollo de casos prácticos), de Consultoría y/o de Gestión Directa.

Mientras tanto estoy a tu disposición  en:

Enrique Martínez Cantero

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Si las AA.PP. no cumplen sus obligaciones contractuales y no funciona el Derecho Administrativo ¿en qué se convierten?

 «Si de los Gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda.
Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: “¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?”. “Lo mismo que a ti -respondió- el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador”.» San Agustín en La Ciudad de Dios, IV, 4

¿Cómo eligen proveedor nuestros gobiernos?

Nuestros diferentes gobiernos (de España, de nuestra Comunidad Autónoma, de nuestro Ayuntamiento) contratan bienes y servicios a través de la Ley de Contratos del Sector Público (LCP) que pretende garantizar la transparencia, la eficiencia y la igualdad de trato a los licitadores. Me temo que estas premisas no se están cumpliendo y el motivo está en la propia Ley que debería ser mejorada en la próxima legislatura.
La actual legislación es de octubre de 2007 y de la cual lo primero que hay que decir es que después de 4 años de vida todavía no está completo su reglamento de aplicación generando en múltiples ocasiones desconcierto e inseguridad jurídica.

Lo que sí ha quedado claro durante este tiempo es que el precio es el factor determinante en las adjudicaciones: Por un lado, la LCP establece que más de la mitad de los criterios de adjudicación deben ser valorables mediante formula (es decir precio o factores determinantes del precio); Por otro, las oficinas presupuestarias establecen que la oferta económica sea al menos el 65% de los criterios de adjudicación (por ejemplo, el Plan de Ahorro de Cospedal).

¿Qué tamaño de empresa promueve la LCP?

La empresa grande y generalista con capacidad financiera para hacer dumping frente a la Pyme especializada. Es evidente que en muchos concursos el cociente entre la oferta económica y las horas ofrecidas da un valor hora por debajo de coste. En algunos casos, incluso, por debajo del convenio sectorial. Pero las Mesas de Contratación no entran en esta valoración.
¿Cuáles son los factores competitivos que se están induciendo?

Evidentemente el precio: posiciónese usted en precio y no en calidad es el mensaje. Esa estrategia es buena para la sociedad y válida para muchas empresas de gran consumo siempre y cuando ofrezcan una calidad mínima por debajo de la cual el consumidor no compraría. No obstante en nuestro caso, un contrato adjudicado no se rescinde aunque no tenga la calidad mínima exigible; y lo que es peor, si ese contrato (u otro similar) vuelve a salir a concurso y la empresa fallida vuelve a presentarse con la oferta más barata, con casi toda probabilidad lo volverá a ganar y nada se podrá hacer para evitarlo.

¿Elimina este sistema la capacidad de “influencia” sobre los altos cargos políticos?

Una respuesta rápida parece indicar que sí puesto que al primar los factores evaluables mediante fórmula se anulan otro tipo de “motivaciones no confesables”. No obstante, quién tiene más influencia tiene más capacidad para trasladar que el contrato es deficitario y promover un modificado, complementario o un nuevo contrato “vacío”.

¿Qué calidad recibiremos los ciudadanos?

No hace muchos meses publicaba Expansión un artículo del decano del colegio de ingenieros sobre el riesgo de obras mal realizadas al adjudicarse por precio y lo que ello implica sobre la seguridad de sus usuarios. En el mundo de los servicios y en particular las asistencias técnicas, pongo un ejemplo entre los que cualquiera puede encontrar consultando las licitaciones públicas: uno de nuestros 18 Servicios Públicos de Empleo saca a concurso su Plan Estratégico con un único criterio de valoración: el precio. ¿Puede una subasta ser el mecanismo eficiente para determinar qué empresa va a colaborar eficazmente con nuestras administraciones en afrontar el problema del desempleo? ¿Puede una subasta elegir el equipo que ayuda a gestionar eficientemente el gran volumen de recursos presupuestarios dedicados a ese fin?

Enrique Martínez Cantero

Experto en estrategia y gestión pública por el IESE CEO en Red2Red Consultores

Nota: este post fue publicado originalmente en http://tl.gd/d3inq9

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