Las empresas que sean las primeras en participar de la agenda pública chilena colonizarán una importante ventaja competitiva: la reputación corporativa.
Durante las últimas décadas se han producido una serie de cambios objetivos en la sociedad que sin duda tienen efectos sobre la gestión empresarial. Por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida ha generado un impacto dramático sobre el tamaño de la población mundial y, por tanto, sobre la explotación de los recursos naturales; pero también sobre la gestión de las emociones en una vida profesional mucho más larga.
Entre las consecuencias de estas modificaciones se encuentra la demanda ciudadana de empresas más responsables: más del 25% de los ciudadanos europeos declaran que su percepción sobre la responsabilidad de una empresa es un factor crítico a la hora de elegir producto o servicio (estos porcentajes aún son más elevados en España o Estados Unidos).
Si bien es cierto que estas conductas no son habituales y generalizables hoy en la sociedad chilena, en mi opinión este fenómeno irá creciendo rápidamente durante la próxima década por dos tipos de motivos:
- El primero es la evidencia de que el desarrollo de la economía chilena acercará a Chile a fenómenos ya presentes en otras economías de la OCDE.
- El segundo -y más importante- es la estructura de reparto de responsabilidades entre el sector privado y público en Chile en áreas como Sanidad, Educación o Pensiones. Esta estructura hace que la mirada del ciudadano se centre en las empresas (en mayor medida que en Europa que mira hacia las Administraciones Públicas).
Aunque los ejemplos son evidentes déjenme resaltar algunos: la presión ciudadana sobre el lucro en las universidades; la reciente avalancha de recursos ante la subida en las cuotas de las ISAPRES por las nuevas coberturas del AUGE; o la presencia en la prensa de noticias relacionadas con las tarjetas de crédito de los Retail y el fenómeno del consumo financiado no responsable que se produce con ellas.
También es destacable que los tres casos tienen reflejo en la actividad política chilena y, por tanto, puede tener efecto sobre la actividad reguladora y legislativa. En los últimos meses hemos visto la acusación constitucional contra el ministro de educación y su salida del gabinete en relación a la gestión del control del lucro en las universidades; el abandono de la carrera presidencial de Golborne relacionado con su gestión en un Retail; o el foco en la reforma de las ISAPRES y de la Educación en las propuestas de los candidatos en las elecciones primarias.
- Por tanto, una primera conclusión que sugiero a la alta dirección de las empresas chilenas es que están frente a un riesgo probable y de impacto negativo para su negocio que pueden gestionar antes de que el regulador lo haga por ellos; más aun en los casos de las ISAPRES o las AFP cuyo origen es la encomienda por parte del Estado chileno de gestionar con criterios mercantiles necesidades ciudadanas como la Sanidad o las Pensiones. Si estas empresas no gestionan su encomienda combinando el beneficio económico con la participación en la agenda pública toman el riesgo de que -en el futuro- el legislador chileno empujado por la presión ciudadana re-asigne esta misión directamente al sector público.
- Pero una segunda conclusión que sugiero a la alta dirección de las empresas chilenas es que se encuentran ante una gran oportunidad basada en que las empresas que sean las primeras en participar de la agenda pública chilena colonizarán una importante ventaja competitiva: la reputación corporativa.
Para ello propongo trabajar con anticipación en base a los cinco grandes principios que describía en mi anterior post sobre Cómo mejorar la reputación corporativa participando en la agenda pública.
Enrique Martínez Cantero
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@EnriqueMtnezCan
